LARES VUELVE A EXIGIR MEDIDAS URGENTES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL ABANDONO DE LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD
• Ante la inoperancia de las Administraciones Públicas, y por el compromiso de atención y cuidado, en el ejercicio responsable de nuestra vocación de servicio, desde la Federación LARES, por segunda vez, nos dirigimos al Sr. Presidente del Gobierno, rogándole, al tiempo, la más enérgica exigencia del cumplimiento de las palabras dadas, de los decretos publicados, y de los famosos materiales y personal que nunca llegan
A continuación, se transcribe el texto íntegro que se ha entregado, hoy día 31 de marzo de 2020.
Confiamos, esta vez, recibir respuesta, y mucho mejor, que las palabras se conviertan en HECHOS.
NO NOS HAGAN INVISIBLES.
#LaresVozdeMayoresyCuidadores
LARES, la Voz de la Dependencia.
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Carta al Sr. Presidente del Gobierno
El GRUPO SOCIAL LARES es la entidad que agrupa a los centros y servicios del
sector solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de
dependencia en toda España. En este momento de crisis humanitaria, sus
entidades asociadas atienden a 54.000 personas mayores o en situación de
discapacidad con cerca de 35.000 trabajadores.
El pasado 13 de marzo nos dirigíamos a usted ante la amenaza de la Pandemia
por CORONAVIRUS: como Tercer Sector de Acción Social nos preocupaba no
poder ofrecer la atención social esencial y servicios de apoyo a miles de
personas mayores. Prohibir el cierre de cualquier centro no es la solución si
paralelamente las entidades no reciben ayuda para mantener los servicios sin
poner en riesgo la vida de las personas que atienden.
Desde el Gobierno de España se está empujando a las entidades a asumir como
falta de diligencia o imprudencia lo que no es sino una responsabilidad de la
Administración por el insuficiente funcionamiento de sus servicios públicos
sanitarios, educativos y de empleo, especialmente. Marcar normas jurídicas
que, se sabe, no siempre se podrán cumplir es mirar hacia otro lado intentando
que sean otros los que asuman la responsabilidad que la Administración tiene:
seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención sanitaria de
las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos
sentimos SOLOS.
Percibimos, y perdone si lo juzgamos incorrectamente, que el ataque de su
Gobierno a los centros residenciales es la cortina de humo que trata de
esconder las propias responsabilidades de una gestión de la crisis del
coronavirus que toma decisiones tarde e incapaz de articular coherencia entre
las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo.
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Le agradecemos que, aunque sea quince días después de habérselo solicitado, |
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se haya adoptado la decisión de flexibilizar las posibilidades de contratación |
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(SND/275/2020). Llega muy tarde, con centros con bajas en torno al 20%, en |
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ocasiones muy superiores, que solo pueden salir adelante por vocaciones |
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abnegadas de compromiso social. No podemos más. Necesitamos la implicación |
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de los gobiernos autonómicos para que se incorporen estudiantes, que Sanidad |
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no se lleve al personal sanitario y, llegado el caso, que se obligue a trabajar en |
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las residencias a personas que están en su casa. Ser el apoyo diario en la vida
diaria de personas mayores y con discapacidad no es tarea fácil y pocas
ciudadanas y ciudadanos están dispuestos a hacerla. Trabajo de mujeres que,
como tal, ha sido tratado por el Consejo Territorial y los diferentes Gobiernos
a la hora de financiar estos servicios públicos.
Le damos las gracias también por, aunque sea con dieciocho días de retraso
(SND/295/2020), asimilar los servicios sanitarios a la atención en las
residencias. Lamentablemente, este reconocimiento normativo, de momento,
no pasa de ahí, pues seguimos teniendo los mismos problemas.
Las entidades del Tercer Sector le alertamos que no encontrarán si
directamente o, de forma camuflada, el sistema de sanidad establece como
criterio de atención el de los fuertes frente a los débiles, la sedación para unos
y la cura para otros. De momento, las ambulancias siguen sin venir a tiempo,
las personas mayores con necesidades en residencias no siempre son
trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica.
En nuestro escrito del 13 de marzo le solicitábamos que declarara el Estado de Alarma, entre otras cosas para evitar confusiones normativas y tener un mando único. Sin embargo, en aplicación de dicho estado de alarma no se ha obligado a las CC.AA. a abordar las mismas medidas en función del estado de desarrollo de la crisis en cada territorio. Resulta más fácil obligar a quien no puede defenderse que elevar a norma de obligatorio cumplimiento para las CC.AA. Todas y cada una de las recomendaciones que la Sociedad de Geriatría y Gerontología ha dirigido al Ministro de Sanidad el 18 de marzo.
Las Administraciones no responden ante la comunicación individualizada de las entidades sin ánimo de lucro de falta de equipamientos individuales de protección, de material sanitario, de personal o la comunicación de carecer de infraestructura adecuada para atender situaciones de contagio o aislamiento. Lo más importante en estos momentos es que se garanticen los cuidados y la atención, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de la Administración.
En nuestra carta del 13 de marzo le recordábamos que, en Italia, que tiene la
5a mejor sanidad del mundo, y solo a título de ejemplo, se habían levantado
todas las alarmas debido a la congelación de actividades para muchos
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proveedores de servicios sociales en la zona norte del país, en gran parte debido
a dificultades de financiación y personal. Hemos caído en los mismos errores
que otros, antes, cometieron. Insistimos: está bien prohibir el cierre de los
centros frente a las tentaciones de quien se mueve por dinero, pero hay que
garantizar que puedan estar abiertos dando una atención mínima y adecuada,
exenta de responsabilidades.
Económicamente muchas entidades del Tercer Sector dedicadas a la atención
residencial de personas mayores y en situación de discapacidad están al límite,
sin apoyo económico alguno, sin remuneración de las plazas vacías y asumiendo
sobre costes en plazas públicas. Quiero hacerle especial mención a más de 400
residencias de toda España, salvo Euskadi, que atienden a personas sin derecho
a plazas públicas y en las que los usuarios pagan “la voluntad”, “lo que
pueden”, en un servicio social que la prioridad del sistema de dependencia ha
dejado fuera de las prestaciones públicas. El apoyo económico para todos los
centros del Tercer Sector es más importante que nunca.
Cuando pase todo esto será el momento reflexionar y delimitar la entrada de
fondos de inversión para la financiación de la atención residencial en España,
a veces vinculados a fondos de pensiones de otros países y que han encontrado
en nuestro país un campo adecuado para invertir por la ausencia de regulación
y límites. Pero ahora, bajo el riesgo de querer despistar las responsabilidades
del Gobierno de España y de las CC.AA., lo que toca es dar soluciones.
Todos y cada uno de los desafíos que le adelantábamos se están produciendo y
no se han adoptado, en el marco de los servicios sociales de atención
residencial, decisiones suficientes o eficientes durante más de quince días.
No es suficiente con adoptar medidas de recuperación económica y social; no
se está invirtiendo dinero suficiente para parar la cadena de contagio dentro
de las residencias. Somos la primera línea de la primera línea de lucha contra
el virus y seguimos olvidados, quizá porque las personas mayores en residencias
no tienen la capacidad de movilización de otros grupos de población.
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Seguimos sin haber podido mantener una reunión con usted o con los miembros |
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de su Gabinete para identificar soluciones con respecto a las necesidades |
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específicas del Tercer Sector dedicado a la atención de personas en situación |
de dependencia. Mantenemos inalterable nuestro ofrecimiento, compromiso y
solidaridad más que nunca.
Como en nuestro anterior escrito, le adjuntamos un anexo con un análisis de
situación de las propuestas que ya le hicimos y otras nuevas a la luz del retraso
en la adopción de algunas medidas y la propia evolución de esta crisis.
A su disposición por el bien común. Siempre encontrará en Lares un aliado, el
compromiso y solidaridad con las personas.
ANEXO
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Prioridades para la respuesta del Gobierno de España
con respecto a la amenaza a la prestación del Servicio
Social ante la crisis del COVID-19
1. Desafíos de personal, esenciales para garantizar la viabilidad del servicio.
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Que el Estado asuma las obligaciones de cotización empresarial a la
Seguridad Social para las trabajadoras y trabajadores en cuarentena o
baja por infección, sobre todo, en el caso de aquellas empresas o
entidades que atienden a los mayores, que constituyen el grupo de
población más castigado por COVID-1.
Al igual que, recientemente, otras patronales de Servicios Sociales del
Tercer Sector de Acción Social, solicitamos que el Estado financie el 25%
del salario de los trabajadores con IT por aislamiento o contagio.
Las Consejerías de Educación deben ser agentes proactivos en la
búsqueda de alumnos con titulaciones FP homologables: FP Socio
Sanitario y FP de Auxiliar Técnico de Enfermería. Incluso, si fuese
preciso, podría plantearse la incorporación de estos alumnos a trabajar
en las residencias de mayores, sirviendo este trabajo como prácticas en
el macro de sus respectivas titulaciones.
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Las Consejerías de Empleo deben coordinarse con los proveedores de
servicios de atención residencial para ser agentes proactivos en la
búsqueda de trabajadores de limpieza y gerocultores, con y sin titulación
suficiente. Especial apoyo debe hacerse a aquellos centros que se
encuentran en entornos no urbanos, allí donde al negocio
frecuentemente no le interesa estar, pues solo así podrán garantizarse
unos servicios mínimos.
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Todas las residencias con positivos o aislamientos con toda la
sintomatología deberán ser provistas del personal sanitario necesario
(médicos y enfermeras), las 24 horas del día, de lunes a domingo, los 365
días del año.
Reconocimiento público específico por parte de las autoridades
sanitarias y de la Presidencia del Gobierno poniendo en valor el trabajo
de los centros residenciales y de atención domiciliaria a personas en
situación de dependencia.
Elaboración de un Plan de Choque específico para complementar las
plantillas de residencias con plazas solidarias pertenecientes a
congregaciones religiosas.
En muchas de estas residencias, las religiosas tienen un peso muy grande
y sus fallecimientos o aislamientos forzados dejan muy mermada la
capacidad de funcionamiento de los centros y la atención de las personas
que allí viven. Además, atienden preferentemente a personas sin
recursos económicos, en riesgo de exclusión social (grupo de población
de atención no prioritaria ante la necesidad de atención preferente a
personas en situación de dependencia).
Suspensión temporal del % de obligación de contratación de personas con
discapacidad en los centros del mismo modo que se plantea la supresión
del % de estas personas deben tener los Centros Especiales de Empleo
para mantener dicha condición.
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Los centros públicos de gestión directa tienen unas ratios de atención
mucho más elevadas que los demás centros y, en consecuencia, mucho
2. Escasez de material y equipos de prevención en los servicios de atención,
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más personal: no en vano la inversión que la Administración hace en ellos
es muy superior que en el resto de los centros. Teniendo algunos de ellos
capacidad para atender a mayor número de personas, y en el supuesto
de estar libres de coronavirus, se promoverán desplazamientos de
personas no contagiadas y sin sintomatología desde centros solidarios.
así como control de la provisión de medicamentos.
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En estos momentos, seguimos con grandes carencias en el suministro de |
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equipo de protección individual. Se vuelven a solicitar mascarillas |
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adecuadas para todas las personas contagiadas o en aislamiento por |
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sintomatología y para cuidadores, guantes, batas impermeables, gafas… |
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Asimismo, se solicita se garantice el suministro de medicamentos en los
centros residenciales. Según la información de que disponemos, en breve
podríamos encontrarnos ante un problema de abastecimiento de
paracetamol. Esta información genera cierto nerviosismo que convendría
eliminar.
El ámbito sanitario sigue sin garantizar la provisión de todo el material
que los centros residenciales necesitan. No podemos salvaguardar la vida
de personas con positivo sin oxígeno y respiradores.
Prohibición expresa de que los recursos sanitarios (incluidos los
transportes) sean asignados con criterio de edad o discriminando a las
personas mayores o en situación de discapacidad bajo el paraguas de “la
mayor capacidad de recuperación”.
Provisión de opiáceos en residencias para sedación por personal
sanitario, con la finalidad de facilitar una muerte sin dolor cuando ésta
sea ABSOLUTAMENTE inevitable.
Autorización normativa a las federaciones de residencias de mayores y
personas en situación de discapacidad para poder comprar material y
equipos de protección sin riesgo de confiscación, así como la financiación
con fondos ICO de los costes de las cartas de pago vinculadas a dichas
compras.
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3. Generación de nuevas plazas públicas
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Provisión a las residencias de personas mayores y con discapacidad de
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termómetros infra rojos digitales para las residencias de mayores.
Apertura de nuevos centros, hoteles o barcos para atender a personas
con positivos o, en su defecto, a personas sin sintomatología que sean
trasladadas desde centros con un número de contagios o personas con
síntomas superior a 3, cantidad establecida como de alto riesgo por el
propio Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales ante el
coronavirus, publicado el 5 de marzo de 2020. Consideramos necesario
abrir, al menos, uno por provincia y más allí donde la tasa de contagio
sea muy elevada.
Aplicación de las recomendaciones de la Sociedad de Geriatría y
Gerontología sobre generación de nuevos espacios de atención entre los
hospitales de agudo y el ámbito residencial, en las que Lares ha
participado, enviadas como sociedad científica a la Presidencia del
Gobierno el 18 de marzo: las residencias de mayores no deben tener
casos positivos si la infraestructuras y medios humanos y materiales no
lo permiten.
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Obligación legal de 48 horas para que las CC.AA. adopten las decisiones |
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que correspondan cuando se comunica formalmente la ausencia de |
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medios humanos, materiales y/o infraestructura adecuada para atender. |
En general, se clarificará la Orden 275/2020 señalando que se
entenderán lugares no adecuados para atender a positivos las residencias
que no tengan servicios de atención sanitaria las 24 horas del día los 365
días del año, tengan menos de 50 plazas o, aun siendo mayores, carezcan
de alas, espacios o alturas que permitan un adecuado aislamiento.
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4. Falta de orientación a los proveedores de servicios sociales sobre cómo
enfrentarse a esta crisis de emergencia, a los desafíos específicos en el
ámbito social.
Con la financiación de fondos públicos, la incorporación de psicólogos y
trabajadores sociales de las bolsas de empleo de las administraciones al
trabajo en los centros residenciales a fin de atender las necesidades de
comunicación con las familias.
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Reiteramos que debe aportarse seguridad jurídica a las entidades, pero
ya no solo frente a las posibles dudas jurídicas de algunas medidas, sino
también a lo que parecen ser normas para evitar responsabilidades de la
Administración más que para resolver los problemas.
5) Apoyo para la sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social dedicado
a la atención de personas mayores o con discapacidad en centros
residenciales o de atención domiciliaria.
Acuerdo del Consejo Territorial obligando a las CC.AA. a abonar el 100%
de las plazas contratadas residenciales y de día que estén vacías como
consecuencia del COVID-19. En su caso, reiteramos, será posiblemente
necesario facilitar fondos específicos a las CC.AA. para que puedan pagar
como plaza ocupada las plazas que no puedan serlo como consecuencia
de la aplicación de medidas de prevención o contención.
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Creación de un Fondo de Contingencia económico, vinculado al
mantenimiento del empleo, dirigido a financiar la atención
extraordinaria realizada en plazas residenciales para personas mayores
y la imposibilidad de mantener los ingresos previstos por aplicación de
las medidas de aislamiento o la no realización de altas de nuevos
usuarios, ya que estas circunstancias ponen en peligro la supervivencia
de algunos centros del Tercer Sector o el mantenimiento de la atención
de personas que, sin recursos económicos y en riesgo de exclusión social
en su domicilio, no pueden acceder a servicios sociales públicos de
atención residencial.
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Compromiso de interlocución con las organizaciones estatales de
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representación de los proveedores de servicios del Tercer Sector de
Acción Social.
6) Garantizar el mando único durante el estado de alarma.
Participación de las Delegaciones del Gobierno en las reuniones del
Gabinete de Crisis u órganos de coordinación de las CC.AA.
Seguir estableciendo criterios comunes en relación con las cuestiones de
Salud Pública, en la línea marcada en las últimas publicaciones. En
particular, consideramos precisa la clarificación de propuestas en
relación con la posibilidad de que, durante la crisis, las personas mayores
puedan abandonar los centros residenciales a casa de familiares
Juan Ignacio Vela Caudevilla
– Presidente del Grupo Social Lares, Vicepresidente de la
Fundación Cruz Blanca, Asesor de la Plataforma del Tercer
Sector y asesor de la Asociación Española de Fundaciones –
Contacto: Emilio G. Carrasco / 618 48 86 34 Raquel A. Andreu / 646 74 89 66