LARES VUELVE A EXIGIR MEDIDAS URGENTES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ANTE EL ABANDONO DE LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

• Ante la inoperancia de las Administraciones Públicas, y por el compromiso de atención y cuidado, en el ejercicio responsable de nuestra vocación de servicio, desde la Federación LARES, por segunda vez, nos dirigimos al Sr. Presidente del Gobierno, rogándole, al tiempo, la más enérgica exigencia del cumplimiento de las palabras dadas, de los decretos publicados, y de los famosos materiales y personal que nunca llegan

A continuación, se transcribe el texto íntegro que se ha entregado, hoy día 31 de marzo de 2020.

Confiamos, esta vez, recibir respuesta, y mucho mejor, que las palabras se conviertan en HECHOS.

NO NOS HAGAN INVISIBLES.

#LaresVozdeMayoresyCuidadores

LARES, la Voz de la Dependencia.

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Carta al Sr. Presidente del Gobierno

El GRUPO SOCIAL LARES es la entidad que agrupa a los centros y servicios del

sector solidario que, sin ánimo de lucro, atiende a personas en situación de

dependencia en toda España. En este momento de crisis humanitaria, sus

entidades asociadas atienden a 54.000 personas mayores o en situación de

discapacidad con cerca de 35.000 trabajadores.

El pasado 13 de marzo nos dirigíamos a usted ante la amenaza de la Pandemia

por CORONAVIRUS: como Tercer Sector de Acción Social nos preocupaba no

poder ofrecer la atención social esencial y servicios de apoyo a miles de

personas mayores. Prohibir el cierre de cualquier centro no es la solución si

paralelamente las entidades no reciben ayuda para mantener los servicios sin

poner en riesgo la vida de las personas que atienden.

Desde el Gobierno de España se está empujando a las entidades a asumir como

falta de diligencia o imprudencia lo que no es sino una responsabilidad de la

Administración por el insuficiente funcionamiento de sus servicios públicos

sanitarios, educativos y de empleo, especialmente. Marcar normas jurídicas

que, se sabe, no siempre se podrán cumplir es mirar hacia otro lado intentando

que sean otros los que asuman la responsabilidad que la Administración tiene:

seguimos sin equipo de protección, test de diagnóstico, atención sanitaria de

las residencias, sin apoyo económico alguno, sin reconocimiento público, nos

sentimos SOLOS.

Percibimos, y perdone si lo juzgamos incorrectamente, que el ataque de su

Gobierno a los centros residenciales es la cortina de humo que trata de

esconder las propias responsabilidades de una gestión de la crisis del

coronavirus que toma decisiones tarde e incapaz de articular coherencia entre

las Comunidades Autónomas en la forma de afrontarlo.

Le agradecemos que, aunque sea quince días después de habérselo solicitado,

se haya adoptado la decisión de flexibilizar las posibilidades de contratación

(SND/275/2020). Llega muy tarde, con centros con bajas en torno al 20%, en

ocasiones muy superiores, que solo pueden salir adelante por vocaciones

abnegadas de compromiso social. No podemos más. Necesitamos la implicación

de los gobiernos autonómicos para que se incorporen estudiantes, que Sanidad

no se lleve al personal sanitario y, llegado el caso, que se obligue a trabajar en

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las residencias a personas que están en su casa. Ser el apoyo diario en la vida

diaria de personas mayores y con discapacidad no es tarea fácil y pocas

ciudadanas y ciudadanos están dispuestos a hacerla. Trabajo de mujeres que,

como tal, ha sido tratado por el Consejo Territorial y los diferentes Gobiernos

a la hora de financiar estos servicios públicos.

Le damos las gracias también por, aunque sea con dieciocho días de retraso

(SND/295/2020), asimilar los servicios sanitarios a la atención en las

residencias. Lamentablemente, este reconocimiento normativo, de momento,

no pasa de ahí, pues seguimos teniendo los mismos problemas.

Las entidades del Tercer Sector le alertamos que no encontrarán si

directamente o, de forma camuflada, el sistema de sanidad establece como

criterio de atención el de los fuertes frente a los débiles, la sedación para unos

y la cura para otros. De momento, las ambulancias siguen sin venir a tiempo,

las personas mayores con necesidades en residencias no siempre son

trasladadas allí donde sea posible una adecuada atención clínica.

En nuestro escrito del 13 de marzo le solicitábamos que declarara el Estado de Alarma, entre otras cosas para evitar confusiones normativas y tener un mando único. Sin embargo, en aplicación de dicho estado de alarma no se ha obligado a las CC.AA. a abordar las mismas medidas en función del estado de desarrollo de la crisis en cada territorio. Resulta más fácil obligar a quien no puede defenderse que elevar a norma de obligatorio cumplimiento para las CC.AA. Todas y cada una de las recomendaciones que la Sociedad de Geriatría y Gerontología ha dirigido al Ministro de Sanidad el 18 de marzo.

Las Administraciones no responden ante la comunicación individualizada de las entidades sin ánimo de lucro de falta de equipamientos individuales de protección, de material sanitario, de personal o la comunicación de carecer de infraestructura adecuada para atender situaciones de contagio o aislamiento. Lo más importante en estos momentos es que se garanticen los cuidados y la atención, pero no podemos hacerlo sin la ayuda de la Administración.

En nuestra carta del 13 de marzo le recordábamos que, en Italia, que tiene la

5a mejor sanidad del mundo, y solo a título de ejemplo, se habían levantado

todas las alarmas debido a la congelación de actividades para muchos

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proveedores de servicios sociales en la zona norte del país, en gran parte debido

a dificultades de financiación y personal. Hemos caído en los mismos errores

que otros, antes, cometieron. Insistimos: está bien prohibir el cierre de los

centros frente a las tentaciones de quien se mueve por dinero, pero hay que

garantizar que puedan estar abiertos dando una atención mínima y adecuada,

exenta de responsabilidades.

Económicamente muchas entidades del Tercer Sector dedicadas a la atención

residencial de personas mayores y en situación de discapacidad están al límite,

sin apoyo económico alguno, sin remuneración de las plazas vacías y asumiendo

sobre costes en plazas públicas. Quiero hacerle especial mención a más de 400

residencias de toda España, salvo Euskadi, que atienden a personas sin derecho

a plazas públicas y en las que los usuarios pagan “la voluntad”, “lo que

pueden”, en un servicio social que la prioridad del sistema de dependencia ha

dejado fuera de las prestaciones públicas. El apoyo económico para todos los

centros del Tercer Sector es más importante que nunca.

Cuando pase todo esto será el momento reflexionar y delimitar la entrada de

fondos de inversión para la financiación de la atención residencial en España,

a veces vinculados a fondos de pensiones de otros países y que han encontrado

en nuestro país un campo adecuado para invertir por la ausencia de regulación

y límites. Pero ahora, bajo el riesgo de querer despistar las responsabilidades

del Gobierno de España y de las CC.AA., lo que toca es dar soluciones.

Todos y cada uno de los desafíos que le adelantábamos se están produciendo y

no se han adoptado, en el marco de los servicios sociales de atención

residencial, decisiones suficientes o eficientes durante más de quince días.

No es suficiente con adoptar medidas de recuperación económica y social; no

se está invirtiendo dinero suficiente para parar la cadena de contagio dentro

de las residencias. Somos la primera línea de la primera línea de lucha contra

el virus y seguimos olvidados, quizá porque las personas mayores en residencias

no tienen la capacidad de movilización de otros grupos de población.

Seguimos sin haber podido mantener una reunión con usted o con los miembros

de su Gabinete para identificar soluciones con respecto a las necesidades

específicas del Tercer Sector dedicado a la atención de personas en situación

de dependencia. Mantenemos inalterable nuestro ofrecimiento, compromiso y

solidaridad más que nunca.

Como en nuestro anterior escrito, le adjuntamos un anexo con un análisis de

situación de las propuestas que ya le hicimos y otras nuevas a la luz del retraso

en la adopción de algunas medidas y la propia evolución de esta crisis.

A su disposición por el bien común. Siempre encontrará en Lares un aliado, el

compromiso y solidaridad con las personas.

ANEXO

31/03/2020

Prioridades para la respuesta del Gobierno de España

con respecto a la amenaza a la prestación del Servicio

Social ante la crisis del COVID-19

1. Desafíos de personal, esenciales para garantizar la viabilidad del servicio.

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Que el Estado asuma las obligaciones de cotización empresarial a la

Seguridad Social para las trabajadoras y trabajadores en cuarentena o

baja por infección, sobre todo, en el caso de aquellas empresas o

entidades que atienden a los mayores, que constituyen el grupo de

población más castigado por COVID-1.

Al igual que, recientemente, otras patronales de Servicios Sociales del

Tercer Sector de Acción Social, solicitamos que el Estado financie el 25%

del salario de los trabajadores con IT por aislamiento o contagio.

Las Consejerías de Educación deben ser agentes proactivos en la

búsqueda de alumnos con titulaciones FP homologables: FP Socio

Sanitario y FP de Auxiliar Técnico de Enfermería. Incluso, si fuese

preciso, podría plantearse la incorporación de estos alumnos a trabajar

en las residencias de mayores, sirviendo este trabajo como prácticas en

el macro de sus respectivas titulaciones.

31/03/2020

Las Consejerías de Empleo deben coordinarse con los proveedores de

servicios de atención residencial para ser agentes proactivos en la

búsqueda de trabajadores de limpieza y gerocultores, con y sin titulación

suficiente. Especial apoyo debe hacerse a aquellos centros que se

encuentran en entornos no urbanos, allí donde al negocio

frecuentemente no le interesa estar, pues solo así podrán garantizarse

unos servicios mínimos.

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Todas las residencias con positivos o aislamientos con toda la

sintomatología deberán ser provistas del personal sanitario necesario

(médicos y enfermeras), las 24 horas del día, de lunes a domingo, los 365

días del año.

Reconocimiento público específico por parte de las autoridades

sanitarias y de la Presidencia del Gobierno poniendo en valor el trabajo

de los centros residenciales y de atención domiciliaria a personas en

situación de dependencia.

Elaboración de un Plan de Choque específico para complementar las

plantillas de residencias con plazas solidarias pertenecientes a

congregaciones religiosas.

En muchas de estas residencias, las religiosas tienen un peso muy grande

y sus fallecimientos o aislamientos forzados dejan muy mermada la

capacidad de funcionamiento de los centros y la atención de las personas

que allí viven. Además, atienden preferentemente a personas sin

recursos económicos, en riesgo de exclusión social (grupo de población

de atención no prioritaria ante la necesidad de atención preferente a

personas en situación de dependencia).

Suspensión temporal del % de obligación de contratación de personas con

discapacidad en los centros del mismo modo que se plantea la supresión

del % de estas personas deben tener los Centros Especiales de Empleo

para mantener dicha condición.

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Los centros públicos de gestión directa tienen unas ratios de atención

mucho más elevadas que los demás centros y, en consecuencia, mucho

2. Escasez de material y equipos de prevención en los servicios de atención,

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más personal: no en vano la inversión que la Administración hace en ellos

es muy superior que en el resto de los centros. Teniendo algunos de ellos

capacidad para atender a mayor número de personas, y en el supuesto

de estar libres de coronavirus, se promoverán desplazamientos de

personas no contagiadas y sin sintomatología desde centros solidarios.

así como control de la provisión de medicamentos.

En estos momentos, seguimos con grandes carencias en el suministro de

equipo de protección individual. Se vuelven a solicitar mascarillas

adecuadas para todas las personas contagiadas o en aislamiento por

sintomatología y para cuidadores, guantes, batas impermeables, gafas...

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Asimismo, se solicita se garantice el suministro de medicamentos en los

centros residenciales. Según la información de que disponemos, en breve

podríamos encontrarnos ante un problema de abastecimiento de

paracetamol. Esta información genera cierto nerviosismo que convendría

eliminar.

El ámbito sanitario sigue sin garantizar la provisión de todo el material

que los centros residenciales necesitan. No podemos salvaguardar la vida

de personas con positivo sin oxígeno y respiradores.

Prohibición expresa de que los recursos sanitarios (incluidos los

transportes) sean asignados con criterio de edad o discriminando a las

personas mayores o en situación de discapacidad bajo el paraguas de “la

mayor capacidad de recuperación”.

Provisión de opiáceos en residencias para sedación por personal

sanitario, con la finalidad de facilitar una muerte sin dolor cuando ésta

sea ABSOLUTAMENTE inevitable.

Autorización normativa a las federaciones de residencias de mayores y

personas en situación de discapacidad para poder comprar material y

equipos de protección sin riesgo de confiscación, así como la financiación

con fondos ICO de los costes de las cartas de pago vinculadas a dichas

compras.

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3. Generación de nuevas plazas públicas

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Provisión a las residencias de personas mayores y con discapacidad de

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termómetros infra rojos digitales para las residencias de mayores.

Apertura de nuevos centros, hoteles o barcos para atender a personas

con positivos o, en su defecto, a personas sin sintomatología que sean

trasladadas desde centros con un número de contagios o personas con

síntomas superior a 3, cantidad establecida como de alto riesgo por el

propio Procedimiento de Prevención de Riesgos Laborales ante el

coronavirus, publicado el 5 de marzo de 2020. Consideramos necesario

abrir, al menos, uno por provincia y más allí donde la tasa de contagio

sea muy elevada.

Aplicación de las recomendaciones de la Sociedad de Geriatría y

Gerontología sobre generación de nuevos espacios de atención entre los

hospitales de agudo y el ámbito residencial, en las que Lares ha

participado, enviadas como sociedad científica a la Presidencia del

Gobierno el 18 de marzo: las residencias de mayores no deben tener

casos positivos si la infraestructuras y medios humanos y materiales no

lo permiten.

Obligación legal de 48 horas para que las CC.AA. adopten las decisiones

que correspondan cuando se comunica formalmente la ausencia de

medios humanos, materiales y/o infraestructura adecuada para atender.

En general, se clarificará la Orden 275/2020 señalando que se

entenderán lugares no adecuados para atender a positivos las residencias

que no tengan servicios de atención sanitaria las 24 horas del día los 365

días del año, tengan menos de 50 plazas o, aun siendo mayores, carezcan

de alas, espacios o alturas que permitan un adecuado aislamiento.

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4. Falta de orientación a los proveedores de servicios sociales sobre cómo

enfrentarse a esta crisis de emergencia, a los desafíos específicos en el

ámbito social.

Con la financiación de fondos públicos, la incorporación de psicólogos y

trabajadores sociales de las bolsas de empleo de las administraciones al

trabajo en los centros residenciales a fin de atender las necesidades de

comunicación con las familias.

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Reiteramos que debe aportarse seguridad jurídica a las entidades, pero

ya no solo frente a las posibles dudas jurídicas de algunas medidas, sino

también a lo que parecen ser normas para evitar responsabilidades de la

Administración más que para resolver los problemas.

5) Apoyo para la sostenibilidad del Tercer Sector de Acción Social dedicado

a la atención de personas mayores o con discapacidad en centros

residenciales o de atención domiciliaria.

Acuerdo del Consejo Territorial obligando a las CC.AA. a abonar el 100%

de las plazas contratadas residenciales y de día que estén vacías como

consecuencia del COVID-19. En su caso, reiteramos, será posiblemente

necesario facilitar fondos específicos a las CC.AA. para que puedan pagar

como plaza ocupada las plazas que no puedan serlo como consecuencia

de la aplicación de medidas de prevención o contención.

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Creación de un Fondo de Contingencia económico, vinculado al

mantenimiento del empleo, dirigido a financiar la atención

extraordinaria realizada en plazas residenciales para personas mayores

y la imposibilidad de mantener los ingresos previstos por aplicación de

las medidas de aislamiento o la no realización de altas de nuevos

usuarios, ya que estas circunstancias ponen en peligro la supervivencia

de algunos centros del Tercer Sector o el mantenimiento de la atención

de personas que, sin recursos económicos y en riesgo de exclusión social

en su domicilio, no pueden acceder a servicios sociales públicos de

atención residencial.

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Compromiso de interlocución con las organizaciones estatales de

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representación de los proveedores de servicios del Tercer Sector de

Acción Social.

6) Garantizar el mando único durante el estado de alarma.

Participación de las Delegaciones del Gobierno en las reuniones del

Gabinete de Crisis u órganos de coordinación de las CC.AA.

Seguir estableciendo criterios comunes en relación con las cuestiones de

Salud Pública, en la línea marcada en las últimas publicaciones. En

particular, consideramos precisa la clarificación de propuestas en

relación con la posibilidad de que, durante la crisis, las personas mayores

puedan abandonar los centros residenciales a casa de familiares

Juan Ignacio Vela Caudevilla

- Presidente del Grupo Social Lares, Vicepresidente de la

Fundación Cruz Blanca, Asesor de la Plataforma del Tercer

Sector y asesor de la Asociación Española de Fundaciones -

Contacto: Emilio G. Carrasco / 618 48 86 34 Raquel A. Andreu / 646 74 89 66

 

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